RESUMEN EJECUTIVO
La economía uruguaya lleva una década de crecimiento económico ininterrumpido. Un
período de tiempo en el que la estructura productiva se modificó significativamente al
impulso del comercio internacional y la apertura. El mercado interno también fue dinámico y
respondió a las oportunidades con fuertes incrementos del consumo y la inversión. Sin
embargo, desde el año 2012 cuando la economía ingresó en una nueva fase del ciclo
económico, salieron a luz un conjunto de problemas que comprometen el nivel alcanzado y
que dan una señal clara de las limitantes para repetir lo observado en la última década. El
concepto que mejor se adapta a los efectos del diagnóstico de esos problemas es el de
pérdida de competitividad.
El Índice de Competitividad Global del World Economic Forum mostró que en el año 2012
Uruguay retrocedió 11 lugares ubicándose en el puesto 74 de un ranking de 144 países. De
los países relevantes de la región, solamente se obtienen mejores resultados que Argentina,
país que viene empeorando en sus resultados. La distancia con Chile es significativa siendo
que el país andino ocupa el lugar 33 del ranking. Cabe destacar que Perú y Panamá
mejoraron 18 posiciones, Brasil trepó 16 lugares y Colombia subió 5 escalones.
Las condiciones generales deficientes que surgen de los rankings entre naciones, se agravan
cuando se agrega que el comparativo de costos de nuestro país con los restantes es
desfavorable. Producir en Uruguay tiene en la actualidad la dificultad de pagar sumas
superiores a las de otros países por insumos y otros componentes del valor agregado. Por lo
tanto hay una sumatoria de elementos que explican las dificultades para colocar la
producción de nuestro país en condiciones de libre comercio en forma sostenible.
Todo ello se ve reflejado en un deterioro del Tipo de Cambio Real (TCR) según el índice que
elabora el BCU. Según nuestras estimaciones de los niveles de equilibrio, el atraso se ubica
por encima del 20%. El desequilibrio que marca el nivel real de esta variable hace temer por
el riesgo en que se encuentra la economía, que frente a un impacto externo adverso,
debería procesar un ajuste en corto tiempo, impactando negativamente sobre el aparato
productivo.
El gasto público es uno de los factores que incide en el deterioro del Tipo de Cambio Real
(TCR). En los últimos años ha mostrado una tendencia leve pero sostenidamente creciente,
ubicándose en US$ 15.000 millones en la actualidad. Este aumento y el deterioro de las
cuentas públicas tienen múltiples efectos para la economía en su conjunto. En primer lugar,
genera presiones sobre la demanda que inciden en el aumento general de precios. En
segundo lugar, por su composición, ese mayor gasto se vuelca mayormente hacia los bienes
y servicios no transables, afectando negativamente los precios relativos. En tercer lugar, su
estructura muestra una gran rigidez, lo que hace muy difícil ajustarlo en una fase
descendente del ciclo económico como la que comienza a atravesar la economía uruguaya.
Por último, la creciente necesidad de recursos, desemboca inexorablemente en un aumento
de la carga tributaria y/o la deuda, aumentando las vulnerabilidades de la economía. Todo
ello incide negativamente en la competitividad.
El problema del gasto no es sólo su magnitud, sino también la calidad de los servicios que
brinda el Estado, a cambio de los cuantiosos recursos que destina la sociedad para
financiarlo. Una parte importante de la pérdida de competitividad radica en la necesidad que
tiene el sector privado de cubrir con provisión privada los malos servicios públicos. Es una
situación que se va generalizando en la sociedad desde los niveles de ingresos más altos
hacia los niveles medios, e incluso en algunos casos a los más bajos como ocurre con los
gastos en seguridad del hogar. El costo de pagar dos veces por servicios públicos como
seguridad, educación y salud es una expresión de ineficiencia social que impacta en la
capacidad de competencia de la economía.
Ante la creciente inseguridad, aumentan los costos que deben asumir las empresas en
temas relativos a la protección de bienes y personas, tomando recaudos que implican
mayores gastos. Estimaciones encuentran que el costo de la delincuencia en Uruguay
asciende al 3,1% del PIB.
A su vez, en los últimos años, la sociedad realizó un esfuerzo muy importante,
transfiriéndole a la educación pública cuantiosos recursos (más de US$ 2.000 millones
anuales, el 4,5% del PIB). Sin embargo, los pobres resultados en materia educativa han
puesto a Uruguay en una situación excesivamente compleja, ya que el mundo moderno
requiere de recursos humanos cada vez más preparados. En última instancia, la calidad de
la mano de obra hace a su productividad, y ella determina el nivel real de los salarios y la
mejora en la distribución del ingreso.
En tal sentido, la rigidez existente en el mercado laboral es un factor clave que atenta contra
la competitividad y realza los problemas derivados de la baja calificación de la mano de
obra. La modalidad de negociación vigente, en el marco de nuevas leyes y normas
asociadas, ha provocado efectos económicos muy importantes, no solo a escala sectorial
sino para cada unidad productiva. Las enormes rigideces que se introdujeron,
principalmente a nivel salarial, tendrán consecuencias no deseadas en el empleo cuando la
economía muestre signos de debilitamiento como se comenzó a registrar a partir de este
año, con un impacto más fuerte en los segmentos menos calificados de la población. Las
ramas que han sido impactadas por ciertos shocks como la caída de exportaciones a
Argentina, son un buen ejemplo de que el sistema no tiene las flexibilidades adecuadas para
salvaguardar las unidades productivas y el empleo, en todo caso haciendo más gradual la
adaptación a una nueva realidad.
Para lograr mayores niveles de desarrollo económico, el diseño de un modelo de relaciones
laborales moderno, basado en la confianza y la cooperación, es un objetivo prioritario. En
ese sentido y de acuerdo a lo que pregona la propia Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el objetivo principal del diálogo social es promover el consenso y la participación
democrática de los interlocutores del mundo del trabajo. Ahora bien, en los últimos años los
planteos más importantes del sector empresarial de Uruguay no fueron contemplados. Por
el contrario, se dictaron normas no solo en oposición a lo solicitado, sino en contravención
a Convenios Internacionales de Trabajo suscriptos por Uruguay. En este marco, las Cámaras
Empresariales presentaron una queja ante la Organización Internacional del trabajo (OIT),
organismo que laudó recomendaciones a Uruguay que no se han introducido en la
normativa nacional. Se hace necesario entonces, adecuar y modificar la regulación laboral y
las prácticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el marco de las
recomendaciones de la OIT, para que estén de acuerdo a los Convenios Internacionales
suscriptos por el país, respetando los principios de negociación colectiva que dicha
organización promueve.
El accionar de las Empresas Públicas no ayuda a mejorar la competitividad empresarial. Las
facultades que se les han concedido han generado situaciones de monopolio u oligopolio,
provocando un sistema de regulación excesivo sobre las actividades económicas, cuando el
camino a seguir debe ser el inverso. En particular, se debería perfeccionar la regulación
actual para que favorezca la utilización de las redes de infraestructura por parte de
operadores privados a precios competitivos, liberalizando así la importación de
combustibles y facilitando aún más la inversión privada en proyectos de generación de
energía.
Un país no puede ser competitivo si no posee la infraestructura física adecuada para el
desarrollo óptimo de las actividades productivas. En este aspecto nuestro país también
muestra debilidades importantes ya que, por ejemplo, más del 50% de la red vial se
encuentra en estado malo o regular.
Los avances que se lograrían en materia de competitividad, atacando los factores
anteriormente mencionados, no permitirían un desarrollo pleno de las potencialidades de la
economía uruguaya si ésta no logra obtener condiciones de acceso favorables para colocar
sus productos en la mayor cantidad posible de mercados externos. Para una economía
pequeña como la uruguaya es de vital importancia el acceso a los mercados externos con el
objetivo de generar un mayor dinamismo del sector exportador, y de esta forma, lograr
mejores condiciones en las diversas actividades comerciales relacionadas con el mismo. La
construcción de un mercado ampliado y la concreción de acuerdos comerciales con terceros
países o bloques económicos, deben ser los componentes básicos y complementarios de la
estrategia de crecimiento de la economía. En ese contexto, Uruguay debe mantener las
preferencias derivadas de los acuerdos vigentes con los países de la región y negociar
flexibilidades que le permitan el cierre de acuerdos comerciales bilaterales con países de
extrazona, como ya se hizo exitosamente con México pocos años atrás.
Por último pero no menos importante, siendo la capacidad de innovar una competencia
empresarial determinante para acceder a mercados sofisticados, el fortalecimiento de las
capacidades del país en materia de ciencia, tecnología e innovación es clave para la mejora
de la competitividad. Al respecto, actualmente existen y están en proceso de desarrollo
varios programas, proyectos, servicios y fuentes de financiamiento que, desde el lado de la
oferta tecnológica, buscan fomentar la innovación en las empresas. Sin embargo, es
necesario revisar el diseño de dichos instrumentos teniendo en cuenta las demandas
tecnológicas de las empresas. Siendo que en la comparación internacional el entramado
empresarial uruguayo está constituido fundamentalmente por pequeñas empresas, una
primera etapa de este proceso debería enfocarse principalmente en acciones vinculadas a la
adaptación de tecnologías y a la investigación aplicada, más alineada a los requerimientos y
potencialidad de los sectores empresariales.
