Informe de el diario El País de España
¿Tiramos a la basura la carne de caballo?
Toneladas de alimentos etiquetados de manera fraudulenta son destruidas o retenidas en la UE
Las empresas esperan permiso de las autoridades europeas para donarlos
En los almacenes de la empresa de productos cárnicos Emcesa, proveedora de los supermercados AhorraMas, reposan unos 10.000 kilos de hamburguesas de vacuno de la marca Alipende. La cadena de distribución decidió retirarlas de sus estantes para devolverlas a la suministradora el pasado 29 de enero, después de que un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertara de la presencia de ADN de caballo sin etiquetar en muestras aleatorias de este producto. El gerente de Emcesa, Tomás García, confiesa que no sabe qué hacer con ellas. “Son perfectamente aptas para el consumo y solo algunas pueden contener pequeñas trazas de equino, algo que nosotros desconocíamos cuando las etiquetamos. Como nos parecía una pena tirarlas, decidimos congelarlas y preguntar a las autoridades de consumo si podíamos al menos donarlas. Aún no nos han contestado”, lamenta.
Una vez congeladas, a estas hamburguesas les quedan seis meses de vida. García espera que para entonces la Comunidad de Madrid, a quien realizó la consulta, le haya dado una respuesta. “El problema es que lo tiene que decidir la UE. Es un asunto del que no tenemos antecedentes, en el que aparece carne de un animal que en algunos países está mal visto comer, y nadie sabe qué hacer con ella. Si hubiera sido cerdo, estoy seguro de que nos habrían contestado enseguida, pero esto es algo muy nuevo y además no se sabe tampoco el origen de los caballos. Por eso a Bruselas le está costando tomar una decisión”, explica el gerente.
Emcesa no es la única empresa que sufre este problema. En Francia, la compañía Picard —una marca popular de productos congelados, equivalente a La Sirena en España— tiene retenidas entre 3.000 y 4000 bandejas de lasaña a la boloñesa y chile con carne que tuvo que retirar de la venta tras descubrir que algunos en lotes con restos de equino. "No hemos tomado ninguna decisión sobre su destino porque estamos a la espera de la investigación de las autoridades sanitarias y de consumo. Si se estima que no hay riesgo sanitario, probablemente algunos de los productos podrán ponerse de nuevo a la venta", apuntan en esta empresa.
Desde que se destapó el primer caso de carne de caballo etiquetada fraudulentamente como vacuno en Irlanda y Reino Unido a mediados de enero, el escándalo no ha dejado de extenderse por toda Europa y toneladas de alimentos se están retirando de las tiendas sin que nadie sepa muy bien qué hacer con ellas. Algunas compañías, como Emcesa y Picard, han podido mantenerlos congelados hasta saber si pueden reaprovecharlos de alguna manera, bien sacándolos de nuevo al mercado o donándolos a organizaciones benéficas, pero otras han decidido destruirlos al no poder garantizar su conservación o recuperación sin romper la cadena de frío —todos los productos afectados son refrigerados o congelados y tienen un corto periodo de vida—. Lo que supone tirar a la basura una cantidad ingente de comida que, según insisten tanto los productores como las autoridades sanitarias europeas, no presenta ningún problema de seguridad alimentaria y su consumo no entraña ningún riesgo para la salud. Su único problema es que está mal etiquetada.
La cooperativa de supermercados Eroski, que también retiró preventivamente una partida de hamburguesas tras el informe de la OCU, y la multinacional Nestlé, que este lunes anunció la retirada de dos platos refrigerados de pasta con carne de todos sus puntos de venta de España e Italia, son dos de las empresas que han optado por la destrucción. En el caso de Eroski, la empresa devolvió a sus almacenes el producto para analizarlo con la idea de devolverlo a las tiendas si el resultado era negativo para la carne de caballo. “Pero para cuando nos llegaron los análisis se había pasado la fecha de caducidad y tuvimos que tirarla. Una pena, porque las pruebas no detectaron carne de caballo en esos lotes”, lamenta un portavoz de la cadena.
En Nestlé aseguran que se lo pensaron mucho antes de tomar la decisión de tirar tanta comida. “Lo primero que nos preguntamos fue si podíamos reaprovechar o donar esos productos a algún banco de alimentos. Pero tras estudiar diferentes posibilidades, la dirección de la empresa concluyó que era demasiado peligroso intentar conservar esa mercancía porque estaba repartida en decenas de establecimientos de toda España e Italia y era muy difícil garantizar que su devolución se realizaba sin que se rompiera la cadena de frío. Así que enviamos instrucciones a todos los distribuidores para que destruyeran el producto a cambio de un reembolso por nuestra parte”, relatan en la multinacional.
Además, argumentan en Nestlé, la logística de la donación en estos casos no es fácil porque hay pocos bancos de alimentos que puedan gestionar con seguridad alimentos refrigerados. Extremo que corrobora la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), aunque con matices. “Si se avisara con tiempo, siempre que no hubiera ningún problema de seguridad alimentaria, quizá algunos de nuestros bancos más grandes como el de Madrid o Barcelona, que tienen cámaras y camiones refrigerados, podrían organizar una operación de emergencia. Aunque, claro, antes tendríamos que consultar con las autoridades y estudiar este caso concreto con detenimiento, porque no hay antecedentes sobre cómo actuar con un alimento como la carne de caballo, que puede provocar rechazo en algunas personas aunque sea buena”, dicen en Fesbal.
No sería la primera vez que una compañía dona un producto con problemas de etiquetado que no van más allá de un error de forma. No hay ningún impedimento legal para ello. “Solo está prohibido en situaciones que supongan ciertos riesgos, como que el error de etiquetado consista en la omisión de ingredientes que puedan producir alergias”, precisa el abogado Sönke Lund, especializado en Derecho Alimentario.
De hecho, los bancos de alimentos españoles tienen establecido un protocolo para estos casos que se sigue con frecuencia. “Por ejemplo, a veces nos llegan lotes en perfecto estado que habían tenido que retirase de las tiendas simplemente porque la impresión de la etiqueta había salido borrosa, algo que no permite la legislación. Simplemente nosotros exigimos que el proveedor nos envíe un certificado que garantice que ese producto es apto para el consumo”, señala Belén Giménez, portavoz de la Fundación Banco de Alimentos de Barcelona. Si se trata de refrigerados, el protocolo es más complejo, pero no imposible. “Disponemos de camiones y cámaras refrigeradas, pero necesitamos un margen de tiempo para realizar todo el proceso de recepción y reparto sin que se pase la fecha de caducidad. En el caso de los platos preparados que acaba de retirar Nestlé, ese margen era tan pequeño, que posiblemente no habríamos podido aprovecharlos. Es difícil actual en situaciones tan imprevistas como estas, en las que no existe un protocolo ni instrucciones claras por parte de la Administración”, reconoce Giménez.
Situaciones imprevistas como el supuesto fraude de la carne de caballo no se producen, en efecto, todos los días ni con la dimensión que está cobrando este escándalo. De ahí que ni las organizaciones benéficas ni las empresas ni los Gobiernos estén preparados para reaccionar con rapidez y evitar la destrucción de kilos y kilos de comida, justo en un momento en el que cada vez son más las voces que claman para poner freno al desperdicio de alimentos, empezando por la ONU. Según los últimos datos difundidos por la FAO, el organismo de Naciones Unidas dedicado a este tema, 1.300 millones de toneladas de alimentos que podrían servir para dar de comer a más de 870 millones de personas hambrientas terminan en la basura cada año.
Productores, distribuidores, consumidores y Gobiernos parecen tomar cada vez más conciencia de este problema, pero ante cualquier duda, cuando se trata de algo tan sensible como la comida, nadie quiere arriesgarse. Y las primeras en no querer hacerlo son, de hecho, las grandes compañías. “Cualquier error en este tipo de crisis puede acabar con su prestigio. Por eso prefieren perder dinero, aunque sea mucho dinero, a que su marca se vea mínimamente manchada”, comenta Sönke Lund.
Pero no solo la industria intenta evitar el peligro. También los Gobiernos se cuidan mucho de descuidar sus controles, aunque la decisión de lanzar una alerta contra un alimento no es fácil. “Es un equilibrio difícil. Por un lado, las autoridades deben evitar levantar alarmas innecesarias, que pueden perjudicar muchísimo a las empresas y la economía del propio país. Pero por otra parte, deben actuar rápido en la prevención sanitaria para no verse de pronto con un problema de seguridad alimentaria que se les vaya de las manos”, prosigue el abogado Lund.
De ahí que la UE no acabe de tomar una decisión sobre si puede o no puede donarse la carne de caballo, mientras emite mensajes que la industria considera un tanto contradictorios: por un lado, insiste en que el fraude de la carne de caballo es simplemente eso, un fraude de consumo y no una alerta sanitaria, mientras que por otra parte está instando a los Gobiernos de los países miembros a realizar análisis masivos en busca de trazas de equino. Y no solo eso: también ha ordenado, ofreciendo incluso financiación, que se analicen los caballos que se sacrifican en los mataderos para descartar la presencia en ellos de restos de fenilbutazona, un potente analgésico que puede resultar perjudicial para la salud de las personas si se consume en exceso.
Ante estos mensajes contradictorios, la conclusión que extraen tanto la industria como las organizaciones benéficas que podrían dar salida a todos esos alimentos retenidos es lógica: de momento, todos quietos. “Tal como están ahora las cosas, sin un informe oficial de las autoridades sanitarias, no podemos aceptar estos productos. Si se confirmara que no son perjudiciales para la salud, y en el caso de que alguna empresa decida donarlos, por supuesto que los distribuiríamos. Eso sí, siempre informando a sus receptores de la posibilidad de que contengan carne de caballo", advierte un portavoz de la Federación de Bancos de Alimentos de Francia.
Las empresas, por su parte, tampoco se atreven a mover un dedo para resolver esta incógnita. “No tenemos establecida una política común para situaciones como esta, entre otras cosas porque no son frecuentes. Por eso, cada compañía afectada está actuando como considera más correcto: unas destruyen los alimentos afectados y otras los almacenan a la espera de instrucciones”, aclara Nuria de Pedraza, portavoz de AECOC, organización multisectorial de fabricantes y distribuidores, que agrupa a cerca de 25.000 asociados.
El objetivo de la UE al ordenar análisis en todos los países es intentar encontrar cuanto antes el origen del fraude, que según una investigación francesa podría hallarse en mataderos de Rumanía y afectar a 750 toneladas de carne. Pero la cadena de suministro está tan embrollada, que está resultando difícil dar con los responsables, lo que hace temer que hasta entonces se pierda mucha comida por el camino.
Entre tanto, al hilo de este escándalo, algunas voces en el mundo se preguntan si los estándares que manejan los mercados occidentales están contribuyendo a un desperdicio indecente de comida. Sin ir más lejos, el pasado martes, los organizadores del congreso anual del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se celebraba en Nairobi, ofrecieron a un centenar de ministros y personalidades un banquete gourmet con alimentos rechazados por supermercados europeos para denunciar el problema. El banquete incluía 1.600 kilos de verduras y fruta kenianos que no pasaron el examen de los distribuidores. Según el PNUMA, los comensales no se habrían dado cuenta de lo que comían si nadie se lo hubiera dicho.
Con información de Juan Peces.
El rastro del ADN equino
16 de enero: Irlanda detecta un alto porcentaje de ADN de caballo en hamburguesas congeladas a la venta en varias cadenas de Reino Unido e Irlanda. Decenas de millones de filetes son retiradas de las estanterías.
29 de enero: Un estudio de la OCU detecta ADN equino en dos marcas de hamburguesas a la venta en España.
7 de febrero: La Agencia Británica de Seguridad Alimentaria detecta carne de caballo en lasañas congeladas con salsa boloñesa de vacuno de la marca Findus.
8 de febrero: La empresa francesa Comigel, suministradora de Findus, anuncia la retirada de todos sus productos de carne de vacuno y acusa al gigante Spanghero de haberle vendido la materia prima fraudulenta. Esta última compañía indica que la carne procedía de Rumanía y llegó a sus almacenes tras una cadena de suministro con varios intermediarios. Findus retira tres marcas de precocinados en Reino Unido, Francia y Suecia.
14 de febrero: Francia suspende a la empresa Spanghero por fraude alimentario. Según las autoridades, 750 toneladas de carne resultan afectadas. De ellas, 550 toneladas han sido servidas vía Comigel en forma de 4,5 millones de platos preparados en distintos países europeos. Reino Unido detecta fenilbutazona en seis caballos sacrificados. Hay tres detenidos.
15 de febrero: Se retiran de la venta platos de pasta en Noruega y Austria.
18 de febrero: Lidl anuncia la retirada de platos preparados en Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Suecia. Es mismo día por la noche, Nestlé ordena la retirada de dos platos de pasta en España e Italia y acusa a un proveedor alemán